Competitividad y crecimiento

Mario Arend

La competitividad, entendida como la capacidad de ofrecer una determinada cantidad de productos a un menor precio o utilizando una menor cantidad de recursos, es un tema central al hablar de crecimiento. Los factores que definen la competitividad se suelen agrupar en instituciones, políticas e innovación. En esta columna me refiero a la evolución que han tenido en Chile estos tres pilares en los últimos años.

En el plano de instituciones, hace poco tiempo se discutía si Chile atravesaba una crisis institucional. Si bien no hay una visión única al respecto, podemos al menos concluir que hoy existe mayor desconfianza en las instituciones y una evaluación más pobre acerca de la calidad de sus servicios, especialmente en administración de justicia y seguridad ciudadana. Más allá de las causas de este enrarecimiento del ambiente, lo cierto es que no ayuda a crear mayor confianza que promueva la competitividad y el crecimiento.

El segundo pilar de la competitividad son las políticas públicas. En esta materia, a lo largo de los últimos años se han introducido diversas reformas que han ido desde la tributaria a la laboral.

En el caso de la reforma tributaria, una empresa que compite internacionalmente, ya sea como exportadora o sustituidora de importaciones, debe enfrentar un mayor gasto ante un alza de impuestos, sin posibilidad de traspasarlo a precios, lo que reduce sus márgenes, su capacidad de invertir, y en el extremo de sostener su negocio frente a la competencia externa.

Por su parte, un diseño tributario que resta incentivos al ahorro, también puede repercutir en menor inversión y crecimiento. No es descartable que la reforma tributaria, más allá de la incertidumbre que generó, haya tenido un efecto negativo sobre la competitividad y el crecimiento del país.

Por otro lado, la reforma laboral podría generar costos relevantes para la competitividad, al no considerar las condiciones de mercado en la negociación (piso mínimo), no dar la opción de reemplazo en huelga y rigidizar la estructura de funciones y cargos. A su vez, la reforma omite temas de adaptabilidad de horarios, turnos y jornadas, que favorecen tanto a los sectores productivos como a los recursos humanos, de vital importancia dada las nuevas tendencias globales de producción y servicios. Se debe agregar que la reforma especifica vagamente conceptos como servicios mínimos, lo que puede llevar a una judicialización de los procesos de negociación colectiva. La consecuencia de rigidizar el mercado laboral no sólo resta competitividad a los sectores productivos sino también, a la larga, afecta negativamente al empleo.

Finalmente está el rol de la innovación. Si las anteriores condiciones se cumplen y el país cuenta con una alta calidad de capital humano, los sectores productivos debiesen generar un mayor valor agregado, lo que significa un aumento en la competitividad y crecimiento.

Es de esperar que futuras propuestas de políticas públicas aprueben un riguroso examen de competitividad.